Secretaría General y Servicios Jurídicos

Por una Secretaría General y unos Servicios Jurídicos acordes con la gobernanza universitaria, transparencia y rendición de cuentas

Las obligaciones legales de la rendición de cuentas, transparencia, integridad y lucha contra el fraude serán uno de los temas prioritarios en los próximos años de la universidad pública española. Serán el epicentro de la nueva gobernanza universitaria y la Universidad de Málaga no puede permanecer ajena. Dentro del contexto de un cambio y apuesta por un nuevo diseño de la gobernanza universitaria, con el horizonte de la objetivación generalizada de las decisiones de las políticas de la UMA, se inserta la idea de reforzar el componente jurídico como pieza clave en el presente y futuro de nuestra universidad. Para ello, se pretenden fijar unos objetivos que tratan de canalizar la función de la Secretaría General y de los Servicios Jurídicos en nuestra idea de universidad. 

En este sentido, la función de la Secretaría General y Servicios Jurídicos, como instrumento de control y planificación resulta esencial en el devenir diario de nuestra institución, requiriendo, para ello, de un reforzamiento de sus estructuras, de una apuesta por nuestros recursos, de un cumplimiento exacto de nuestra normativa vigente, así como desarrollar la de carácter interno, de incorporar la perspectiva de género, la inclusión de colectivos sensibles, la participación de los diferentes actores, la colaboración con los representantes de aquellos o la simplificación burocrática. 

Queremos, en esencia, hacer una universidad que atienda a sus fines, resulte cercana y accesible y que potencie a su personal, desde la construcción de unos presupuestos jurídicos fuertes y que doten de certeza y seguridad jurídica a nuestras decisiones.

Objetivo 1: Juridificación de la Universidad de Málaga

1.1. Adoptaremos, de manera generalizada, la toma de decisiones objetivas, basadas en un análisis previo, simultáneo y posterior de los hechos y circunstancias que la motiven. Estas decisiones deberán estar amparadas en los instrumentos normativos que nos vinculan, dejando a un lado posturas arbitrarias o cuestiones de simple oportunidad política y económica, o de mera evitación de responsabilidades. Estas últimas, en su perspectiva negativa, habrán de superarse mediante la planificación seria y rigurosa desde el punto de vista jurídico. 

1.2. Apostaremos por el cumplimiento de los fines de la universidad, con una docencia de calidad, un servicio público eficiente, una investigación de alto nivel y una transferencia de conocimiento a la sociedad, bajo parámetros de estricta legalidad y el respeto a los derechos de su personal y sus representantes. A estos efectos, seremos escrupulosos en el seguimiento de las normas administrativas, presupuestarias y de empleo, poniendo especial interés en las relativas a los concursos en el sector público (y en los que deriven en concursos encadenados), en el control de las responsabilidades que se asuman con terceros, y con los compromisos que se adquieran, para que se puedan eludir incrementos de precios u obligaciones imprevistas.

1.3. Controlaremos la normativa presupuestaria, en colaboración con la Intervención y la Gerencia, para impedir la asunción de gastos más allá de los límites que compelen a la universidad, sin que ello suponga una paralización de la vida universitaria, sino una precisa ordenación y control de la ejecución presupuestaria. 

1.4. Adoptaremos decisiones teniendo presente nuestras obligaciones en materia de igualdad, estableciendo políticas específicas de acción positiva. 

1.5. Estableceremos mecanismos de ordenación de políticas de personal, tanto de PDI como de PTGAS, atendiendo al marco normativo vigente y tomando como referencia básica los distintos ordenamientos, tanto público como privado, y destacando el importante papel que las organizaciones sindicales representativas tienen que asumir de acuerdo con tal normativa. Todo ello mediante los correspondientes procedimientos de consulta y/o negociación. 

1.6. Habilitaremos o reforzaremos los mecanismos de información, consulta y negociación con la representación del PDI y del PTGAS cuando la toma de decisiones pueda tener una repercusión en las condiciones laborales del personal de la universidad. 

1.7. Reforzaremos, en síntesis, la planificación jurídica de la actuación de la universidad, con el objeto de cumplir con la normativa vigente y evitar asumir compromisos financieros o responsabilidades sobrevenidas.

Objetivo 2. Profesionalización de los servicios jurídicos

2.1. Fomentaremos un Servicio Jurídico potente y reorganizado en cuanto a su conformación, funciones, finalidades y dotación para dar respuesta al objetivo 1 y, en general a las necesidades jurídicas de la universidad. 

2.2. Avalaremos, mediante un asesoramiento jurídico eficaz, la actuación diaria de la UMA, en cualquiera de sus Departamentos y Servicios. 

2.3. Promoveremos en el marco del equipo de Gobierno y de Dirección una participación destacada de los servicios jurídicos.

2.4. Elaboraremos un reglamento para coordinar el adecuado funcionamiento de los Servicios Jurídicos en coordinación con la Secretaría General y la Defensoría Universitaria, pero también con otros servicios como Intervención o Gerencia, manteniendo la supervisión jurídica de las actividades de la UMA. 

2.5. Potenciaremos el impulso y desarrollo de la normativa interna con la finalidad de ordenar la actividad global de la UMA, poniendo particular énfasis en la adaptación a la LOSU y la inclusión de personas con necesidades específicas. 

2.6. Reorganizaremos y, en su caso, reforzaremos el PTGAS con funciones en los servicios jurídicos y daremos participación a facultades como la de Derecho y de Estudios Sociales y del Trabajo para dar respuestas específicas a las necesidades jurídicas concretas -dentro de su especialidad- que plantean los retos anteriores. 

2.7. Reconoceremos, en consecuencia, el valor de lo nuestro como punto de partida para dotar a la UMA de un servicio jurídico especializado que no atienda a los efectos de lo actuado, sino que prevea, organice y contribuya a la política de la universidad.

Objetivo 3. Mayor transparencia administrativa

3.1. Mejoraremos la transparencia en la UMA mediante una actualización normativa, optimizando el portal de transparencia y garantizando el acceso a la información de toda la comunidad universitaria. Crearemos un nuevo escenario y una nueva percepción interna y externa de la universidad y de su transparencia.

3.2. Fortaleceremos la participación pública en la UMA estableciendo los mecanismos que potencien y fomenten la misma.

3.3. Apostaremos por un gobierno abierto y para ello funcionaremos con un sistema de datos abiertos que permita poner a disposición de la comunidad universitaria nuevas fuentes de información. En este sentido, juntamente con los vicerrectorados pertinentes, pondremos en marcha las propuestas de la LOSU sobre “ciencia abierta” y “ciencia ciudadana”.

3.4. Dotaremos, de manera especial, de una mayor transparencia a la política de gestión de personal, permitiendo un acceso más ágil de los interesados a los distintos expedientes y situaciones.

3.5. Potenciaremos la participación de los distintos colectivos de la UMA en materia de transparencia, esencialmente a través de sus representantes, pero sin restar protagonismo a los particulares mediante la creación de los instrumentos o canales necesarios.

Objetivo 4: Simplificación administrativa

4.1. Apostaremos firmemente por la simplificación de los procedimientos administrativos. 

4.2. Revisaremos los procedimientos y eliminaremos todos los trámites innecesarios, siempre garantizando los principios básicos del procedimiento y los derechos de los usuarios.

4.3. Avanzaremos en la digitalización de la administración universitaria, con el apoyo de las nuevas tecnologías, fomentando la eficiencia, la facilidad de acceso y la optimización de los recursos electrónicos.

4.4. Realizaremos una revisión de toda la normativa de la UMA con objeto de racionalizar las normas existentes y actualizarlas conforme a lo que marca la LOSU.

4.5. Realizaremos un plan de mejora regulatoria para la UMA.

4.6. Adecuaremos el acceso a los servicios a las personas con especiales necesidades. 

4.7. Revisaremos, entre otros, de los siguientes procedimientos para su simplificación: petición, promoción y dotación de plazas de PDI y PTGAS, realización de comisiones de servicios y licencias, gestión de la investigación, de peticiones y ayudas en diferentes ámbitos, etc.

4.8. Trataremos, en síntesis, de hacer una universidad accesible de todos y para todos.

Objetivo 5: Rendición de cuentas y cumplimiento normativo

5.1. Implantaremos nuevos mecanismos de rendición de cuentas para garantizar los principios éticos y de integridad académica.

5.2. Crearemos un sistema de cumplimiento normativo que garantice el correcto funcionamiento de nuestra universidad. 

5.3. Pondremos especial énfasis en la lucha contra las prácticas fraudulentas y para ello aprobaremos un plan estratégico que establezca las directrices antifraude que deben guiar la función docente e investigadora, como ya han hecho una parte importante de las universidades públicas de nuestro país. 

5.4. Seremos especialmente escrupulosos en las políticas de igualdad, especialmente atendiendo al marco normativo vigente, entre otras, y de manera especial, la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación.

5.5. Daremos cumplimiento a la declaración institucional de la UMA sobre la lucha contra el fraude y estableceremos, particularmente, un sistema interno de información para que se puedan comunicar conductas que pudieran ser constitutivas de fraude, corrupción o irregularidad, siempre bajo los principios de seguridad, eficiencia, confidencialidad y protección de los denunciantes confirme a la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.

Objetivo 6: Organización de la Secretaría General y de los Servicios Jurídicos

6.1. Apostaremos por una Secretaría General especializada en materia de contratación pública, protección de datos, empleo, condiciones laborales, materia presupuestaria y transparencia. 

6.2. Impulsaremos la Secretaría General como órgano de asesoramiento de la comunidad universitaria, con los medios suficientes, y actuando con plena trasparencia, objetividad y en el ámbito técnico-jurídico que le otorga la normativa vigente.

6.3. Fortaleceremos los Servicios Jurídicos para la defensa y representación de la UMA ante los tribunales en aquellas materias que, por su especialización u optimización, sean necesarias para el éxito de la pretensión, contando, en tal caso, con nuestros propios recursos y especialistas en nuestras Facultades. Todo ello, de conformidad con lo señalado en el objetivo 2.